|
¿Por
qué la salud es de pago en EE UU?
Grandes empresas
médicas y farmacéuticas financian las campañas
electorales en la gran potencia. Es lo que impide que se realice
una reforma sustancial que universalice un sistema público
de sanidad.
El proceso de
las primarias de los partidos Demócrata y Republicano de
Estados Unidos que termina este agosto ha sido presentado por gran
número de comentaristas que escriben en las páginas
de opinión de medios de información españoles
como un indicador de la vitalidad, madurez y calidad democrática
de aquel país. Ni que decir tiene que tal proceso ofrece
muchas enseñanzas positivas que explican que se haya convertido
en un punto de referencia internacional. Varios partidos en España
y en Europa han introducido prácticas de gobierno interno
claramente inspiradas en las primarias de los partidos mayoritarios
estadounidenses.
Ahora bien,
en el análisis de aquella experiencia de Estados Unidos hay
dos hechos que no reciben suficiente atención crítica.
Uno es que el sistema electoral no es proporcional, sino mayoritario.
Es decir, el número de escaños que se asignan a un
partido no es proporcional al número de votos que recibe.
El sistema electoral favorece el bipartidismo, el cual requiere
unas primarias que permitan conocer la fuerza de las distintas sensibilidades
existentes en cada partido. En un sistema proporcional, tales sensibilidades
probablemente serían partidos políticos.
El otro hecho
que merece subrayarse y que disminuye la calidad democrática
de las primarias (y de cualquier proceso electoral en Estados Unidos)
es la financiación primordialmente privada del proceso. Los
candidatos requieren grandes cantidades de dinero para tener acceso
a los medios de información, de los cuales los medios televisivos
son los más importantes. Las televisiones, todas ellas privadas,
venden su espacio al mejor postor, sin límites y sin estar
sujetas a ningún tipo de regulación en cuanto al contenido,
al espacio o al tiempo de exposición.
Así,
antes de comenzar la campaña de las primarias del Partido
Demócrata, los dos candidatos más importantes, Barack
Obama y Hillary Clinton, tenían ya recogidos más de
100 millones de dólares que provenían en gran parte
de empresas financieras (como la banca y las compañías
de seguros), empresas comerciales (como cadenas de supermercados),
empresas manufactureras (como la industria farmacéutica),
asociaciones profesionales (como la Asociación Médica
Americana) y otros intereses económicos y profesionales (conocidos
todos ellos en el lenguaje popular como componentes de lo que se
llama en Estados Unidos la Corporate Class). Tales fondos proceden
también de aportaciones de personas que pertenecen sobre
todo al 40% de renta superior del país.
Esta privatización
en la financiación del sistema electoral discrimina a aquellos
candidatos -en su mayoría voces críticas del sistema
económico y político, con sensibilidad de izquierdas
o centro-izquierda, tales como Kucinich y Edwards- que no pudieron
conseguir fondos de la Corporate Class, y por lo tanto tienen muchas
menos posibilidades de acceder al público.
Esta privatización
del sistema electoral tiene enormes repercusiones en la configuración
de las políticas públicas de los candidatos, incluidas
las políticas que configuran el escasamente desarrollado
Estado de bienestar. Un ejemplo de ello es la sanidad. El hecho
de que los candidatos más importantes en las primarias de
ambos partidos recibieran fondos de las compañías
de seguros sanitarios privados (525.188 dólares Hillary Clinton,
414.863 Barack Obama y 274.729 John McCain), explica que ninguno
de ellos haya propuesto una financiación pública del
sistema sanitario que se caracteriza por una financiación
privada gestionada por tales compañías de seguros.
El aseguramiento
privado es la forma más común de financiación
de la atención sanitaria y se realiza bien mediante las aportaciones
de los empleadores y de los empleados de las empresas a las compañías
de seguros (que contratan la provisión de servicios con las
instituciones sanitarias mayoritariamente privadas) o bien individualmente,
siendo en este último caso difícil conseguir tal aseguramiento
cuando la persona tiene una enfermedad crónica.
El Gobierno
Federal financia el aseguramiento sanitario de los ancianos, cubriendo
cerca del 50% de sus gastos sanitarios. Tal sistema es enormemente
costoso. Estados Unidos se gasta un 16% del PIB en sanidad, calculándose
que alcanzará el 20% en 10 años. Como contraste, España
se gasta el 5,8% del PIB en sanidad pública, ofreciendo cobertura
sanitaria completa a todos sus ciudadanos, y garantizando el derecho
humano de tener acceso a los servicios sanitarios en tiempo de necesidad,
un derecho no existente en aquel país.
Cuarenta y siete
millones de habitantes no tienen ninguna cobertura sanitaria y no
son suficientemente pobres para beneficiarse del programa federal
Medicaid, un programa para personas pobres que es financiado conjuntamente
con los Estados, y que atiende a menos del 20% de la población
que se llama "indigente médica" (es decir, que
no pueden pagar sus facturas médicas), porcentaje que varía
de Estado a Estado, pues son los Estados los que definen el nivel
de indigencia médica.
Según
el doctor David Himmelstein, profesor de Health Policy de la Universidad
de Harvard, más de 100.000 personas mueren al año
por no poder tener acceso a los servicios sanitarios por causas
económicas. Esta dificultad para pagar las pólizas
de seguros, copagos y facturas médicas es un problema generalizado
y alcanza dimensiones de gran dramatismo humano: el 48% de las personas
con una enfermedad terminal expresó en una encuesta reciente
que estaba preocupado de cómo ellas o sus familiares pagarían
sus facturas médicas.
La imposibilidad
de pagar las facturas médicas es la primera causa de bancarrota
de las familias estadounidenses. No hay duda de que Estados Unidos
tiene excelentes centros médicos y la calidad del personal
sanitario es elevada. Pero la inseguridad que crea en la población
tal sistema de aseguramiento y financiación privada, su gran
carestía y su enorme ineficiencia (el 28% del gasto sanitario
total lo absorbe la Administración del sistema) es la causa
del gran descontento de la población hacia la organización
y financiación del sistema sanitario.
El 69% de la
población está insatisfecha con la financiación
de la atención sanitaria (la población estadounidense
es la población de la OCDE que está más descontenta
con su sistema sanitario), lo cual explica que la reforma sanitaria
se haya convertido en uno de los temas más importantes en
las campañas de las primarias y presidenciales (para mayor
detalle de las propuestas de los candidatos, ver www.vnavarro.org,
sección Estados Unidos).
En respuesta
a esta insatisfacción, los candidatos están proponiendo
políticas públicas que respondan a esta demanda de
cambio. En realidad, el 62% de la población desea que el
Gobierno Federal garantice el derecho de acceso a los servicios
sanitarios a través de una financiación pública,
tal como existe en la gran mayoría de países de la
UE-15. Pero ninguno de los candidatos está haciendo propuestas
que permitan alcanzar tal deseo. Y ello se debe a la enorme influencia
que los grupos económicos, financieros y profesionales que
dominan el sector tienen en la vida política, como consecuencia
de la privatización del sistema electoral. Una influencia
de la que la mayoría de la población es consciente
y que explica la animadversión que gran parte de la población
tiene hacia la clase política (un 74% de la población
señala que el Congreso de Estados Unidos no representa sus
intereses).
De ahí
que todos los candidatos, Obama, Clinton e incluso McCain, se tuvieran
que presentar durante las primarias como anti Washington (el centro
de la clase política) y anti Corporate Class, siendo Barack
Obama el que más se ha beneficiado de este sentimiento popular
al haber estado en Washington sólo un par de años
y haber expresado su oposición a la intervención en
Irak cuando Washington apoyó tal medida.
Ahora bien,
es altamente improbable que en caso de salir presidente (hecho que
favorezco), universalice el derecho de acceso a la sanidad por parte
de la población, tal como en la práctica ocurre en
España y en la mayoría de países de la UE-15.
En realidad, una reforma sustancial de la sanidad y de otros servicios
del Estado de bienestar estadounidense no tendrá lugar a
no ser que haya un cambio muy profundo del sistema electoral.
Septiembre 2008
Fuente
Vicente Navarro, El País
http://www.attacmadrid.org/d/9/080921171405.php
|
SUSCRIBASE 
